Barrio en lucha
Los primeros mártires de la lucha obrera en Canarias. 15 de noviembre de 1911.
El 15 de noviembre de 1911 el movimiento obrero iniciado en el barrio de la Isleta, tras la puesta en funcionamiento del Muelle de la Luz, pagó con sangre su lucha por los derechos laborales y sociales en Gran Canaria. Por esas fechas se celebraban elecciones municipales y en un colegio electoral se debió repetir la votación por haberse roto una de las urnas el día anterior.
En ese momento, el partido gobernante, del Alcalde Felipe Massieu y Falcón tenía asegurados 21 concejales de los 25 con que contaba el consistorio. El colegio electoral que faltaba por votar elegía solo a 2 concejales, los cuales podían ser para el Partido Republicano Federal encabezado por Franchy y Roca, con gran arraigo entre los trabajadores del puerto.
La tensión en Las Palmas de Gran Canaria era muy fuerte, al quedar claro para la ciudadanía que las elecciones estaban amañadas por la burguesía. Desde ésta se intentaba que ningún opositor de izquierda entrara en el salón de plenos municipal, aunque fuera en manifiesta minoría.
Mientras se repetía la votación en el colegio electoral, ubicado en la zona denominada Molino de Viento, el ambiente en la ciudad se enturbió al correrse el rumor de la supuesta detención por parte de la policía del líder obrero Franchy y Roca. Los trabajadores del muelle decidieron dirigirse en masa hacia el colegio electoral del barrio de Arenales para intentar aclarar la veracidad o falsedad de ese rumor e impedir un más que probable fraude electoral.
Cuando los manifestantes llegan al lugar de la votación, desde el barrio de la Isleta, una piedra, lanzada desde la multitud, cae a los pies de la Guardia Civil que custodiaba el lugar. La respuesta no se hizo esperar y se dio orden de disparar contra los ciudadanos.
Resultaron muertos los obreros Pedro Montenegro, Cosme Ruiz, Juan Torres, Vicente Hernández, Juan Pérez y Juan Vargas.
Su entierro se convirtió en una gran manifestación popular y en su honor se rotularon varias calles del Barrio de La Isleta, nombres que luego fueron borrados por el franquismo y cambiados por el de navegantes españoles.
Las Palmas de Gran Canaria tiene una deuda con estos vecinos de La Isleta y su recuerdo merece que sus nombres queden inmortalizados en algún lugar de nuestra ciudad, como ejemplo de aquellos que dieron su vida para construir una sociedad más justa, digna y democrática.
Resistencia al golpe militar contra la legalidad democrática republicana. 1936.
Los vecinos de La Isleta, tras conocer el inicio del golpe de estado, en 1936, promovido por los militares, decidieron reunirse en la Casa del Pueblo para organizar la defensa de la legalidad democrática. El local era una casa terrera ubicada en la actual Plaza del Pueblo que había sido construida sobre un solar adquirido por Franchy y Roca, con su propio dinero para destinarlo a punto de encuentro de los obreros del barrio.
En la reunión se decide iniciar una huelga general y solicitar al Gobernador Civil la entrega de armas para luchar contra los insurgentes. La autoridad gubernativa no accede a esta petición, decisión que se juzga como incomprensible para los trabajadores del barrio.
Al medio día del lunes 20 de julio de 1936, tres militares que subían caminando por la calle Faro son abordados por un grupo de entre 8 y 10 personas que intentan quitarles sus armas reglamentarias. Se produce un forcejeo y tras varios disparos, dos de los militares caen muertos y el tercero queda herido en una pierna en la esquina de la calle Tufia con Faro.
Como represalia, los golpistas se desplegaron en el barrio, siendo tiroteados desde las azoteas próximas a la Casa del Pueblo. Los fascistas ordenan la evacuación de los vecinos de la zona y, para amedrentar a los obreros deciden volar el edificio que simbolizaba la lucha obrera, sobre las cinco de la tarde de ese mismo día.
Los vecinos del barrio, autores del asalto a los tres militares fueron juzgados en Consejo de Guerra el 2 de septiembre de 1936. Cinco fueron condenados a pena de muerte (Nicolás Cordero Bautista, Manuel Ramos González, José Ramírez Alcantara, Antonio Betancor Luzardo y Luis Cabrera Hernández), sentencia que se cumplió el 7 de septiembre en el cuartel de artillería. A cuatro de ellos se les impuso cadena perpetua (Enrique Ruiz Ortega, Juan Medina Naranjo, José Ventura Armas y Pedro Perdomo Pérez) . Este último fue juzgado en rebeldía y estuvo escondido durante 33 años en el barrio hasta que prescribió la pena impuesta.
Abengoa en lucha, año 1977
A principios de enero de 1977 los trabajadores de la empresa ABENGOA se pusieron en huelga. Reivindicaban dejar sin efecto las órdenes de traslado forzoso a otros centros de trabajo fuera de Gran Canaria. Como medida de presión, el 14 de enero unos 30 empleados de la compañía se encerraron en la Iglesia del Carmen. La Policía logró desalojarlos al día siguiente, sin incidentes, aunque los trabajadores decidieron seguir manteniendo la huelga previamente convocada.
Como medida de presión 33 trabajadores decidieron volver a encerrarse, optando en esta segunda ocasión por hacerlo en la Iglesia de San Pío X. El templo fue rodeado por numerosos policías, con la intención de impedir que pudiera entregarse a los huelguistas agua o alimentos.
Los encerrados recibieron el apoyo público de todos los sacerdotes de las parroquias de La Isleta y la solidaridad de numerosos vecinos del barrio.
El sábado 21 de enero se producen los primeros incidentes entre los antidisturbios y grupos de personas que intentan entregar comida a los empleados de Abengoa. A pesar de la fuerza desplegada por la policía, los vecinos lograron introducir varios cestos con comida en la iglesia.
La situación se fue agravando con el paso del tiempo y ya el día 24 de enero se produjo una batalla campal entre la población de La Isleta y la policía, que tuvo que emplear botes de humo y pelotas de goma para disolver las manifestaciones de apoyo a los encerrados. Los incidentes fueron descritos por la prensa de la época como “Horas de Tensión en La Isleta” en la que habían participado unos 500 vecinos que llegaron a construir barricadas en las calles del barrio.
Tras varios intentos, en la madrugada del 27 de enero los encerrados fueron desalojados por la policía. Esta logró acceder al templo con una escalera y tras forzar la puerta de acceso a su nave central, comunicó de forma pacífica a los trabajadores que todo se había acabado ya. Los huelguistas fueron subidos en una guagua y repartidos de dos en dos por la ciudad. Posteriormente, estos tuvieron que volver a la iglesia a recoger sus pertenencias.
25 de julio de 1980: Belen María, una vida truncada.
El año de 1980 estuvo marcado por la lucha de los trabajadores portuarios ante los planes gubernamentales de privatizar los puertos, medida que no garantizaba el mantenimiento de todos los puestos de trabajos del sector.
El punto álgido de las concentraciones de protesta en Gran Canaria, se produjo el 25 de julio de ese año cuando miles de trabajadores, acompañados por sus familias y vecinos, se manifestaron de forma pacífica a la salida del muelle. Entre ellos se encontraba la joven Belén María Sánchez Ojeda, de solo 16 años de edad.
Como medida de presión se había acordado impedir la salida y el acceso de vehículos a la zona portuaria. Sobre las cinco de la tarde, un vehículo Alfa Romeo embistió a la multitud en un intento de superar el cordón humano, sin importarle a su conductor las posibles consecuencias de su acción.
En su camino, el coche causó heridas a cinco jóvenes, entre los que se encontraba Belén María. La niña fue arrastrada casi unos 100 metros a gran velocidad, causándole heridas graves que le produjeron la muerte esa misma noche.
El conductor se dio a la fuga, aunque fue capturado poco después. Testigos presenciales manifestaron que la Guardia Civil había dado paso al vehículo, a pesar de estar la vía ocupada por personas.
Tras el grave incidente, se produjeron fuertes disturbios causados por la rabia de los portuarios ante el crimen cometido. La policía se vio obligada a disparar pelotas de goma para disolver a la multitud. Una de ellas causó la pérdida de un ojo a un manifestante.
Al entierro de Belén María acudieron más de 30.000 personas que acompañaron al cortejo fúnebre desde el edifico de la Organización de Trabajos Portuarios (OTP) hasta el cementerio de Vegueta.
1988: Solidaridad con la flota de ANACEF.
En el verano de 1988 los trabajadores de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Cefalópodos (ANACEF) iniciaron una huelga reclamando el establecimiento de un convenio colectivo que recogiera sus derechos laborales.
La mayoría de los barcos dependientes de esa organización amarraron en el Puerto de la Luz y la policía prohibió a sus tripulantes salir del recinto portuario. Los marineros desobedecieron la orden y se acercaron al barrio de La Isleta para regalar a sus vecinos los pescados que guardaban en sus bodegas.
El colectivo de portuarios se solidarizó con los trabajadores en huelga y ante el cariz que estaban tomando las protestas, la Delegación del Gobierno se vio obligada a pedir refuerzos de personal anti disturbios a Valencia.
Los intentos gubernamentales para reprimir las concentraciones de los pescadores fuera del muelle, acabaron en numerosas cargas policiales que incluyeron el lanzamiento de pelotas de goma y botes de humo.
Al apoyar mayoritariamente los vecinos de la isleta a los manifestantes, los cuerpos policiales se concentraron en la parte baja del barrio, ante la imposibilidad de acceder al mismo, ya que desde las casas se les lanzaban piedras, a la vez que se formaban barricadas en las calles.
Al final, la patronal tuvo que ceder y se procedió a la firma del anhelado convenio colectivo que recogía, entre otros, el derecho a un salario fijo y al disfrute de vacaciones.
El uso cultural del edificio de la O.T.P, una lucha aún abierta.
Tras la disolución de la Junta de Obras del Puerto y la llegada de la Autoridad Portuaria, el edificio que albergaba la Organización de Trabajos Portuarios quedó en desuso. Los movimientos vecinales del barrio vieron en ello una oportunidad de destinar el mismo a un gran centro que funcionara como una Casa de la Cultura al servicio de La Isleta.
Si bien la idea fue bien vista por los políticos, el edificio se convirtió en el año 2004 en una Comisaría de Policía con la que se pretendía acabar con el foco de droga que existía en ese momento en la zona.
Pasado algún tiempo desapareció de la zona los riesgos de inseguridad ciudadana, no obstante se ha seguido manteniendo el uso policial, aunque la Autoridad Portuaria ofreció el traslado de la Comisaría a otra de sus propiedades en la cercana calle 22 de mayo.
Los integrantes del Foro por La Isleta se siguen concentrando una vez por semana frente al edificio, reclamando que se cumpla con las promesas de los políticos de darle un uso cultural, tan necesario en el barrio.
En la primera manifestación que se organizó para sustentar esa reclamación acudieron más de 300 vecinos en el año 2003.
Los colectivos vecinales y sociales del barrio no han renunciado a seguir reclamando lo que consideran un equipamiento indispensable para La Isleta.
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